Ser mujer en México : Violencia e Impunidad

Mas del 90% de delitos no se denuncian por desconfianza

Las mujeres mexicanas han convocado a un paro nacional el 9 de marzo. Ante las violencias en el ámbito público y privado, el paro insta a las mujeres a no asistir al trabajo, escuelas o universidad, o realizar actividades en espacios públicos. Esta protesta ciudadana legitima busca poner en evidencia la falta de una respuesta contundente por parte del Estado.

Y s que la violencia en contra de las mujeres no empieza ni termina con el femicidio. Las violencias incluyen una larga cadena de acontecimientos caracterizados por falta de espacios institucionales que permitan a las victimas aceder a la justicia, desde presentar una denuncia hasta el castigo de los prepertadores

Esto se traduce en una cotidianidad donde las mujeres vivimos con miedo y los criminales, ya sean nuestros familiares, parejas o desconocidos, pueden agredirnos sin consecuencia alguna. Es decir, vivimos en la impunidad.

Pero la solución  no esta en legislar mas años de cárcel ni en mas tigres de papel. Las soluciones comienzan por tener un diagnostico certero del problema, así como evaluar las acciones realizadas por el Estado. Conocer aquellas medidas que han funcionado y las que no han dado los resultados esperados. En México no contamos con esta información.

Varias organizaciones de la sociedad civil han documentado durante años el subregistro en delitos de alto impacto como el homicidio. La evidencia apunta a dos grandes problemas: la falta de capacidad o negligencia para realizar los registros de manera adecuada, por ejemplo, homicidio culposos o dolosos, así como acciones deliberadas por ocultar o maquillar las cifras de los crímenes. El problema es aun más grave cuando hablamos de femicidios.

De acuerdo con el reporte más reciente del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la mayoría de los estados incumplen con su obligación de tener los bancos de datos que permitan conocer las cifras oficiales de los asesinatos de mujeres, así como delos femicidios. Así, incluso los datos desgarradores que tenemos a nivel nacional dan un panorama incompleto de las dimensiones reales de los asesinatos de mujeres y femicidios.

La falta de datos precisos también afecta el conocimiento de otras formas de violencia no letales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ), en 2018 solo se denunciaron 10,6% de los delitos. Es decir, en 93.2% de los delitos que se cometen no existe una denuncia o no se inicio una averiguación previa o carpeta de investigación. En algunos estados, como Guerrero, esta cifra alcanza el 98%. De acuerdo con la encuesta, la tercera parte de las víctimas no denuncian porque lo considera una perdida de tiempo, mientras que cera del 20% desconfía de las autoridades.

Incluso en aquellos casos que llegan a juicio y donde hubo una sentencia tambien desconocemos como los jueces realizan -o no- su trabajo, dado que en la gran mayoria de los casos las sentencias no son publicas y en consecuencia no pueden ser monitoreadas. La organizacion Equis Justicia para las Mujeres ha arojado luz sobre este punto y la urgencia de conocer como opera el Poder Judicial. De acuerdo con su informe (IN) Justicia Abierta, Incluso cuando hay una sentencia siguen existiendo violiacion al derecho de acceso a la justicia y no hay reparacion del daño. Esto socava la confianza en el sistema de justicia y refuerza la nocion de un Estado insensible a las victimas.

Por ejemplo, el caso de Ana María «N» documentado por el Observatorio nACIONAL Cuidadano, quien durante la audiencia en el Juzgado de Control y Tribunal en Juicio Oral Region y 9 en el estado de Tabasco, fue apuñalado trece veces por su expareja a quien habia denunciado por violencia familiar. O el caso de brenda, a quien se le dicto presion preventiva en el estado de Zacatecas, pero fue enviada a una cárcel varonil donde fue violada, golpeada y torturada durante tres semanas antes de ser trasladada a una prision para mujeres

El problema de la impuntualidad, por lo tanto, no es solo que los perpetradores de violencias letales o no letales evadan a la justicia, sino que las víctimas no denuncien porque desconfían de las autoridades que las autoridades incumplan con sus obligaciones de generación y sistematización de datos y que violen el derecho a acceso a la justicia en procesos que no reparan el daño, pero si reproducen mas violencias como el encarcelamiento de Brenda.

En un país con mas de 250 000 homicidios en los últimos trece años donde se ha vuelto normal descubrir fosas clandestinas, la impunidad no es una trivialidad y mucho menos un problema exclusivo de las mujeres. El paro del próximo 9 de marzo debe exigirnos reflexionar ¿como llegamos hasta aqui? Esta administración tiene razón cuando dice que sin justicia no hay paz, pero no llegaremos a la justicia mientras vivamos en el país de la impunidad